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La investigación «Derecho a la alimentación en la constitución chilena: fundamentos y conceptos participativos» plantea la conveniencia y necesidad de incorporar el derecho a la alimentación en la nueva Carta Magna, especialmente en el contexto social, político y alimentario-nutricional de nuestro país. El trabajo, impulsado por académicos de distintas unidades de nuestro plantel con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), presenta el análisis de más de cien distintos estudios internacionales sobre textos constituciones de América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África.

Este jueves 29 de abril fue presentado un estudio cualitativo de la Universidad de Chile que abordó los fundamentos jurídicos, sociales y nutricionales del derecho a la alimentación. El documento presenta además una propuesta de texto para incorporar este derecho en la discusión de la Convención Constitucional. La investigación, denominada “Derecho a la alimentación en la constitución chilena: fundamentos y conceptos participativos”, fue desarrollada durante el año 2020 por un grupo de académicos y académicas del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la U. de Chile, instancia conformada por equipos de distintas disciplinas pertenecientes a la Facultad de Medicina, a la Escuela de Salud Pública y a la Facultad de Derecho de nuestro plantel.

El estudio, de carácter regional, contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Según detalla Luis Lobo, Oficial del Programa España – FAO para América Latina y el Caribe, “esta investigación se generó a la luz de la IX Convocatoria de Investigaciones del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC), red de 80 universidades de 17 países comprometidas con este derecho humano y que apoyamos desde el 2011″.

El informe afirma que la Constitución chilena actual presenta un enfoque más económico que social y que en Chile se privilegian las exportaciones. Muchos actores entrevistados y entrevistadas -entre quienes se encuentran actores clave de la cadena alimentaria en Chile, incluyendo a la sociedad civil, la academia, organismos internacionales, parlamentarios, comerciantes y productores de alimentos, y autoridades nacionales y locales- relevan la necesidad de que en la discusión constituyente se incorporen los distintos actores del sistema alimentario. Coinciden además que incorporar el Derecho a la Alimentación en la nueva Constitución podrá dar continuidad a las políticas públicas frente a cambios políticos y gubernamentales, y se priorizarán los problemas alimentario-nutricionales.

La investigación interdisciplinaria consideró la revisión de constituciones de 89 países de América y el Caribe, de todos los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de 14 países del resto del mundo, de los cuales solo 32 países (36 por ciento) cuentan con el derecho a la alimentación explícito en su Constitución. Estos textos abordan en distinta magnitud las temáticas de aseguramiento de la seguridad e inocuidad alimentaria, alimentación saludable y soberanía alimentaria. Otro grupo de países solo hace mención del aseguramiento propiamente tal.

La Dra. Lorena Rodríguez, investigadora principal y académica de la Escuela de Salud Pública, destacó que con este estudio se logró una mirada integral a través de la revisión de más de cien distintos estudios internacionales respecto a la alimentación, además de las constituciones. Junto a esto, relevó que el material recoge la voz de personas del ámbito jurídico, nutricional y productivo de distintos sectores del gobierno, sociedad civil, campesinos y campesinas, pescadores y feriantes, quienes “dieron sus miradas respecto a por qué es importante incorporar el derecho a la alimentación en la Constitución, qué es lo que se va a garantizar, para quiénes y en calidad de qué”.

El profesor Jorge Aranda, profesor de la Facultad de Derecho y co investigador, señala además que “el estudio es importante porque revisa otros textos constitucionales que han constitucionalizado el derecho a la alimentación, los beneficios que ha traído, y cómo ello se contrasta con la realidad nacional, que ha pasado de problemas de desnutrición a la malnutrición”.

Lo anterior se ve reflejado en nuestro país, ya que -de la mano de sus cambios demográficos y económicos- Chile pasó rápidamente de tener una alta prevalencia de desnutrición hace unos 30-40 años, a tener actualmente, una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, con una dieta excesiva en alimentos ultraprocesados y de muy mala calidad nutricional. Este proceso ha sido determinado por profundas inequidades, transformaciones sociales y cambios en el estilo de vida, las normas culturales y las prácticas de comportamiento, lo que se ve agravado por el impacto económico de la actual crisis sanitaria.

El informe completo se puede descargar aquí

Verónica Zúñiga
Escuela de Salud Pública U. de Chile
Paula Rocha
Facultad de Derecho U. de Chile