La pandemia del coronavirus ha llevado al sistema de educación público a desafíos hasta ahora impensados. La educación superior, por supuesto, no es la excepción.
Los efectos de la crisis sanitaria no sólo han afectado directamente a los ingresos de muchas familias de estudiantes, lo que evidentemente aumentó los riesgos de deserción. También se han debido efectuar ajustes de magnitudes a la forma de hacer docencia, que de no aplicarse adecuadamente podría estimular aún más las probabilidades de abandono de estudios.
Las instituciones estatales invirtieron un total de $11 mil millones sólo el primer semestre, para efectuar los ajustes necesarios para el establecimiento de la modalidad a distancia. Entre las medidas tomadas se encuentran, por ejemplo, la compra de licencia de software, entregas de equipos a estudiantes, capacitación a docentes, creación de materia instruccional, entre otros.
Por otro lado, las universidades del estado se han debido enfrentar a grandes pérdidas financieras producto de la menor matrícula registrada. Debido a la alta dependencia que las instituciones estatales todavía tienen del pago de aranceles, éstas reportaron un impacto en sus ingresos cercanos a los $58 mil millones el primer semestre de 2020.
Junto a este complejo escenario presupuestado producto de la pandemia, es necesario agregar el reciente anuncio de la Subsecretaría de Educación Superior respecto a los valores de arancel regulado para un grupo reducido de carreras. Mediante un polémico procedimiento de cálculo, que no consideró una participación efectiva de las distintas instituciones, se estarían generando grandes perjuicios para un grupo importante de universidades públicas.
Tomando en cuenta todo lo anterior y estando la discusión presupuestaria a la vuelta de la esquina, es de suma relevancia enfocarse en discutir el modo en que el Estado concibe la relación con sus propias instituciones.
Este no es un debate que sólo lo esté dando nuestro país. No son pocas las naciones que han puesto esta discusión sobre la mesa. Un reciente informe de la Asociación de Universidades Europeas alerta del riesgo de que los fondos públicos dirigidos a educación superior se puedan ver reducidos en los próximos dos o cuatro años producto a la crisis del coronavirus en algunos países de la Unión Europea. En el mismo documento se constata, basado en el comportamiento que tuvieron los países postcrisis subprime, que las decisiones tomadas en reacción a las emergencias económicas vividas hace una década tendieron a ser mantenidas e incluso profundizadas en el tiempo. Esto remarca lo transcendental que es la discusión presupuestaria de este año para el futuro de las instituciones públicas.
Una década atrás, países como Alemania y Francia decidieron responder a la crisis aumentando la inversión en la educación superior estatal. Alemania mediante un plan a mediano plazo comprometió recursos dirigidos a financiar el aumento del número de estudiantes y la inversión en investigación e innovación. Por otro lado, el estado francés dirigió recursos a elevar la calidad del sistema, el desarrollo de la investigación, y la creación o restructuración de campus universitarios.
Dinamarca, Irlanda, Noruega y Portugal protegieron los fondos de investigación o redirigieron recursos a áreas particulares de desarrollo. Entre las recomendaciones entregadas por la Asociación Europea de Universidades se menciona explícitamente la importancia de que los paquetes de ayuda financiera hacia las instituciones públicas se enfoquen en la investigación e innovación como áreas cruciales para el desarrollo futuro.
Así, la evidencia levantada sobre períodos de crisis en la experiencia internacional muestra que la inversión en la educación superior pública resulta crucial, especialmente la dirigida a creación de conocimiento. Basta revisar el aporte que ha tenido la investigación de punta de nuestras instituciones estatales en este escenario de pandemia para valorar su impacto nacional.
No obstante lo evidente que resulta, Chile no cuenta actualmente con una mirada integral de financiamiento para sus instituciones públicas. El reciente anuncio de la Subsecretaría de Educación Superior sobre la regulación arancelaria perjudica en gran medida a instituciones que desarrollan investigación de alto nivel, sin incorporar ningún tipo de compensación que asegure su desarrollo.
En la discusión presupuestaria que se avecina, debe existir una clara señal del Estado hacia sus instituciones. Los duros tiempos que el país ha vivido y los importantes desafíos que nos esperan requieren de instituciones públicas fortalecidas. La visualización de esta crisis como una oportunidad para robustecer la calidad del sistema, su capacidad de investigación y creación de capital humano para enfrentar escenarios complejos como el actual, es la alternativa correcta. Como consigna la evidencia internacional, las decisiones presupuestarias que se tomen en este contexto influirán en gran medida en el desarrollo de las universidades públicas en el mediano y largo plazo y, por consiguiente, en el tipo de sociedad que queremos construir.
Alejandra Contreras. Roberto Flores.
Directora Ejecutiva Jefe de Análisis y Estadísticas
Consorcio de Universidades Consorcio de Universidades
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Fuente: Secretaría Técnica CUECH