Utilizar los excedentes del Fondo Solidario y la postergación de los nuevos aranceles regulados son parte de las solicitudes que realizan las Universidades del Estado tras la complicada situación financiera que dejó la pandemia en estas instituciones.
por Equipo Cuech
“Las consecuencias que ha tenido la pandemia para las universidades estatales han sido muy graves. Si consideramos los años 2020 y 2021, la cifra de déficit alcanza los 250 mil millones de pesos”. Así de profundo es el daño financiero que acumulan, las 18 instituciones agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) producto de la catástrofe del Covid-19, en palabras de su directora ejecutiva, Alejandra Contreras.
Esta brecha económica está asociada principalmente a una disminución de la matrícula de pre y postgrado, la confección y compra de insumos sanitarios y equipamiento para la realización de clases virtuales, así como una disminución en asesorías técnicas, entre otros.
La Ley de Presupuesto, en su última etapa de discusión esta semana, indica en qué y como se invertirán los fondos de la nación durante el año fiscal siguiente. En el contexto de emergencia económica en el que nos encontramos, desde el CUECH solicitan ayuda para cubrir este déficit.
Las Universidades dicen haber advertido esta posibilidad hace tiempo. Como indica la Vicerrectora de Asuntos Económicos de la Universidad de Chile, Heidi Berner: “Se ha venido planteando hace mucho tiempo la necesidad de un fondo de emergencia para que las universidades puedan contar con recursos para solventar estas crisis. Como eso nunca ocurrió, se hace uso de los excedentes del Fondo Solidario”.
Este es uno de los puntos más urgentes para las universidades estatales. Los excedentes del Fondo Solidario (el sistema de créditos para acceso a educación superior) son el único capital al que estas instituciones pueden acceder para cubrir el déficit post pandemia. Sin embargo, el proyecto de ley autoriza usar solo los de este año, cubriendo menos de un quinto del déficit total. En este contexto, las casas de estudio piden hacer uso de los excedentes acumulados.
Con una realidad que se instaló sin aviso como la implementación de cuarentenas y aislamientos preventivos, la educación en conjunto sufrió un golpe del que aún no se recupera. En ese sentido, Contreras argumenta que debido a “la dificultad de las familias para solventar los gastos universitarios, la falta de presencialidad y otros factores, muchos de nuestros estudiantes postergaron o congelaron sus estudios”.
Esto resulta en una extensión del proceso académico que, para muchos estudiantes, será de al menos un año. En el caso de los alumnos con gratuidad, ese año extra debe ser financiado por ellos mismos y su universidad en una proporción de 50% y 50%.
“Cubrir esa diferencia significa un tremendo impacto económico para las universidades, una pérdida de alrededor de 17 mil millones el 2021”, señala Berner, y agrega que lo que se está pidiendo es “incluir una glosa que permita que no se contabilice el año 2020 como parte de la duración formal de las carreras”.
Por último, desde el Cuech solicitan aplazar la discusión sobre el proceso de aranceles regulados en las carreras de Pedagogía y Derecho, el que dicen fue llevado a cabo con una serie de problemas. La Vicerrectora de Asuntos Económicos U. Chile señala que “hoy hay una resolución clara de la Contraloría General de la República que indica que este fue un proceso poco transparente y no ajustado a la ley. El reclamo central es que la agrupación de carreras no se está haciendo bajo la norma que indica la ley que es por estructura de costos similares.”
La solicitud es prorrogar esta discusión y resolución a través de una glosa en la Ley de Presupuesto que se discute actualmente, que postergue la implementación de los nuevos aranceles hasta el año 2023.
Fuente:https://www.uestatales.cl/cue/?q=node/9301