Giovana Amaya, académica de la UOH, cuestionó la decisión del Ejecutivo de pausar 43 medidas en tramitación, que incluyen normas, reglamentos y áreas protegidas, advirtiendo que “no puede ser que, por la mirada de un gobierno, la población termine pagando”.
El retiro de 43 decretos ambientales desde la Contraloría General de la República de Chile, solicitado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, abrió un debate sobre el alcance de esta medida y sus efectos en la continuidad de políticas públicas. Se trata de iniciativas impulsadas en administraciones anteriores y que aún no completaban su tramitación.
Dentro del conjunto de decretos hay normas de emisión, planes de descontaminación, reglamentos asociados a biodiversidad y cambio climático, además de la creación de parques nacionales y reservas. También se incluye la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, junto a otras medidas orientadas a la protección de ecosistemas y especies.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario José Ignacio Vial explicó que la decisión responde a una revisión técnica y normativa de los instrumentos, asegurando que cumplan con los estándares vigentes antes de su eventual aprobación. Según indicaron, este proceso forma parte de una práctica habitual al inicio de una nueva administración.
Imagen de referencia. Creada con IA.
Una pausa en medio de la crisis ambiental
En conversación con UESTV+, Giovana Amaya, directora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de O’Higgins y ex seremi del Medio Ambiente en la Región de O’Higgins, advierte que la decisión ocurre en un momento especialmente crítico, marcado por una “triple crisis” de contaminación, cambio climático y pérdida de biodiversidad.
Es bastante preocupante esta paralización de las normativas que estaban listas ya para la toma de razón por parte de la Contraloría, ya que esto representa un patrón bastante raro para los tiempos que estamos viviendo. Hay una paralización transversal de la política ambiental.
A su juicio, el problema de fondo radica en que muchas de estas normativas buscaban actualizar parámetros que hoy están desfasados frente a la realidad ambiental actual, lo que limita su efectividad.
Hoy día las normativas cumplen la legalidad, pero con parámetros muy antiguos. Estamos a la espera de la toma de razón sobre nuevos estándares que respondan a la realidad actual.
Imagen de referencia.
Normas desactualizadas
La académica ejemplifica esta situación con el caso de la regulación de descargas industriales en cuerpos de agua, particularmente en la Región de O’Higgins, donde la actualización de estos instrumentos ha sido un proceso largo.
Se esperó por mucho tiempo la actualización de este decreto para que las empresas puedan cumplir con lo ambiental. No puede ser que estemos midiendo con parámetros del año 2000, cuando hoy deben ser mucho más exigentes.
En este contexto, Amaya también plantea incertidumbre respecto del futuro de los decretos retirados y advierte que no existe claridad sobre cuáles serán reingresados al proceso.
Se desconoce cómo van a salir. A lo mejor algunos van a llegar a la toma de razón, pero ¿y los otros? De esos 43, quizás 15 ó 20 van a pasar, ¿y el resto?.
Desde su perspectiva, la paralización no solo retrasa la implementación de políticas, sino que también afecta procesos técnicos y participativos que se han desarrollado durante años.
Estas normas no nacen de un día para otro, hay procesos, consultas ciudadanas. No puede ser que por la mirada de un Gobierno, la población termine pagando.
Giovana Amaya. Académica UOH.
Efectos en el territorio
Finalmente, la académica advierte sobre los efectos en la protección de la biodiversidad, señalando que varias de las medidas en pausa estaban orientadas a resguardar especies y ecosistemas vulnerables.
Hoy día se están viendo amenazados el pingüino de Humboldt, la ranita de Darwin y otros seres vivos que requieren mayor protección.
A esto suma ejemplos concretos como la situación del lago Villarrica, donde la actualización de normas sigue pendiente, evidenciando una brecha entre la urgencia ambiental y los tiempos de la política.
Estamos hablando de que el cambio climático hoy día es evidente y las normativas deben responder a esa realidad.
Mientras el Ministerio del Medio Ambiente de Chile sostiene que la revisión será prioritaria, la discusión queda instalada en torno a los efectos que esta pausa puede tener en la capacidad del país para avanzar en estándares ambientales acordes al escenario actual.