Maltratos y abusos a niños, niñas y adolescentes se han reiterado por décadas en el país. A esta lamentable historia se suma una reciente denuncia contra una residencia del Sename en Providencia. Camilo Morales, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, advierte que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia continuará con el sistema de subvención por niña o niño vulnerado y plantea que «todos los elementos que pudiesen apoyar la prevención y promoción de los derechos de la niñez actualmente no existen o su existencia es muy precaria».
Esta semana, se informó por los medios y viralizó a través de redes sociales un video donde se escuchaban gritos provenientes de una residencia del Sename ubicada en Providencia, de un niño pidiendo ayuda y que lo dejaran de golpear. Al respecto, UNICEF expresó su preocupación y la necesidad de indagar el hecho, mientras que la Defensoría de la Niñez anunció que investigará la denuncia. Por su parte, la Cámara de Diputados(as) decidió presentar un recurso de protección, entre otras reacciones desde el ámbito político.
La Fiscalía de Ñuñoa-Providencia también inició una investigación, sumándose a las indagatorias internas de Sename, al tiempo que más de 50 personas se manifestaron en las afueras de la residencia y en otros puntos de la comuna. El hecho no ha dejado de generar indignación ante la serie de antecedentes ya conocidos de maltrato y abuso al interior de los centros de esta institución.
Sin embargo, a pesar de las reacciones y repercusiones sociales que este tipo de casos han tenido, poco se ha avanzado para proteger de manera real los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si bien en enero de este año, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y reemplaza al Sename, existe consenso entre las y los especialistas en infancias que esto no es suficiente para resolver un problema social estructural respecto de la mirada que tienen los(as) adultos(as) hacia los(as) niños(as).
Camilo Morales, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, comenta que esta situación no se resuelve con la búsqueda de responsabilidades individuales, nuevos protocolos de acción o intervenciones específicas, sino que se requieren más estrategias de acción profundas, entre ellas, la aprobación de la Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia y Adolescencia, una deuda pendiente de hace años.
– Poco se ha hecho para enfrentar la cruda realidad que viven a diario niños, niñas y adolescentes, especialmente quienes se encuentran en hogares de protección, y los cambios han tardado mucho en implementarse. ¿A qué se debe esta reiteración de maltrato y tardanza en remediarla?
Hay un conjunto de elementos. Desde el Sename, cada cierto tiempo, hacen esfuerzos por mejorar sus intervenciones con nuevos diseños del trabajo que realizan. En este caso, el centro es parte de un nuevo modelo de residencia que se viene implementando desde hace dos o tres años aproximadamente.
Ahora, pienso que el maltrato se repite debido a una manera de intervenir y a las condiciones para que los equipos trabajen en contextos residenciales que, finalmente, producen estas situaciones de violencia. Por un lado, los equipos de trato directo están muy poco acompañados y requieren de una capacitación específica, sumado a condiciones laborales que les permitan cuidar y acompañar a niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados(as) en sus derechos. Para eso, ese necesario que las instituciones revisen sus propias prácticas cotidianas de cómo acompañan y cuidan a los(as) niños(as) durante el tiempo que están institucionalizados(as).
Todo esto tiene que ver con cómo se construye el problema de la infancia que ha sido vulnerada en sus derechos. Sostenemos una mirada que coloca toda la responsabilidad del problema de la violencia hacia la niñez en la familia de origen. Pero también se ha ido desarrollando una mirada que instala un estigma y responsabilidad sobre los(as) niños(as) en contextos de vulneración, apareciendo conceptos como el niño “desregulado” y “descompensado”, en lugar de poseer una mirada respecto de cuáles son las fallas o brechas de las propias instituciones para hacerse cargo de niños(as) y sus familias en estos procesos tan dolorosos.
– No es casualidad que el Sename se llame Servicio Nacional de Menores, demostrando cuál es la mirada del Estado hacia los(as) niños(as) categorizándolos(as) como “menores”…
Justamente, uno de los problemas del Sename es que es heredero de un enfoque y paradigma sobre la infancia que es el paradigma tutelar, paternalista o de la situación irregular, cuyo trabajo tiende a categorizar la infancia entre quienes cumplen y se adaptan al ideal social, versus quienes “no entran en el proyecto social” y, por tanto, deben ser intervenidos(as).
– ¿El nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia contribuirá a mejorar el trato futuro a niños(as) y adolescentes?
Tengo serias dudas de que el nuevo servicio vaya a resolver esta lógica tutelar de intervención hacia la infancia. Primero, porque conserva dos elementos que son parte del problema sobre cómo se protege la niñez en Chile y es que permanece el sistema de subvención, es decir un pago por niño(a) y se asocia a un tipo de vulneración de derecho. Esa lógica de la subvención se mantiene en el actual sistema y genera “vicios” que finalmente afectan la calidad de las intervenciones.
Por otro lado, hay que entender que el Sename o nuevo Servicio es una pieza de lo que debiera ser un sistema de protección integral de la niñez, donde el nuevo Servicio que trabaje con niños(as) que ya han sido vulnerados(as) sea la última instancia respecto de la cual el Estado ofrece un conjunto de medidas.
El punto es que todos los elementos que pudiesen apoyar la prevención y promoción de los derechos de la niñez actualmente no existen o su existencia es muy precaria. Por eso es fundamental una ley de garantías que cree y articule una red de carácter local que, ante situaciones de desprotección o vulneración, pueda actuar sin la necesidad de judicializar -otro gran problema- y realizar acciones que no impliquen que un(a) niño(a), por ejemplo, sea separado(a) de su familia y deba ingresar a un contexto residencial. Hoy, ese mecanismo preventivo no existe; tampoco hay una mirada sistémica que contemple los territorios.
– ¿Por qué nuestro país aún no cuenta con la Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia y Adolescencia?
Chile es el único país de la región que carece de una ley de garantías para la protección de la infancia y adolescencia. El Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas, órgano que -de alguna forma- monitorea el cumplimiento de los compromisos que asumen los estados con la Convención sobre los Derechos del Niño, ha recomendado por mucho tiempo implementar esta ley o sistema de protección integral. La propia Convención señala que los estados que adscriben tienen el deber de implementar en sus propias legislaciones locales políticas que hagan más efectivos los derechos que la Constitución reconoce. En ese marco, Chile está al debe.
A mi juicio, el principal problema en torno a la ley, y por eso es que no se ha aprobado, reviste un carácter ideológico, pues esta ley no solo contempla el sistema y la forma cómo se articularán los diversos actores, desde la prevención de la infancia hasta los procesos más complejos de reparación, sino también establece un catálogo de deberes del Estado frente a los(as) niños(as). En ese sentido, las principales trabas se producen en aquellos artículos o líneas que propone la ley reconociendo a los(as) niños(as) como sujetos de derecho, con autonomía progresiva, tensionando a los sectores más conservadores de la sociedad que sienten amenazado el derecho preferente de los padres y madres sobre sus hijos(as), poniendo en riesgo el rol de la familia.
Fundamentalmente, esta ley reconoce a los(as) niños(as) como personas con igualdad de derechos y dignidad frente a los(as) adultos(as), pero además les brinda protección especial como indica la Convención. Este es un problema histórico sobre la representación e imaginario social de la niñez, siendo que lo que evidencias los estudios sociales de la niñez desde hace unos 40 años es que los(as) niños(as) son, desde que llegan al mundo, actores o sujetos sociales y participan en diversos espacios que no se limitan a la familia.
Es un error pensar que este cambio de paradigma anula o excluye a los(as) adultos(as), todo lo contrario, ellos(as) poseen un rol gravitante en el acompañamiento y generación de las condiciones para que niños(as) puedan desarrollar sus facultades en diferentes materias. Se trata de un encuentro entre generaciones para encontrar soluciones comunes a varios problemas.
– ¿Cómo la nueva Constitución podría cambiar esta perspectiva adultocéntrica de la niñez?
Pienso que el proceso Constituyente es una oportunidad histórica, no solo para que en la Constitución aparezcan reconocidos(as) los(as) niños(as) como sujetos de derecho, sino que si en medio de este proceso se propician las condiciones para una participación ciudadana se pueda incluir la participación de niños(as) y adolescentes. Eso es lo que hace que ellos(as) se sientan integrados(as) y partícipes de la sociedad y con la nueva Constitución se podría construir un nuevo contrato intergeneracional del país que queremos.
Carolina Escobar, periodista Facultad de Ciencias Sociales.