Se trata de la mayor inversión en I+D de los últimos años realizada en Chile, con la que se busca desarrollar un centro de innovación en la Región de Antofagasta y que fue adjudicada por Corfo a través de una licitación al consorcio extranjero Associated Universities Inc. (AUI), con presencia en Chile en sólo tres universidades. Esto, en desmedro de la propuesta desarrollada por 11 planteles públicos y privados tradicionales -entre los que se cuenta la U. de Chile- junto a 8 centros de investigación. «Aquí está en juego el modelo de sociedad que queremos construir», expuso el Rector Ennio Vivaldi este martes al referirse a la situación en un punto de prensa.
Luego de nueve meses, este lunes 4 de enero Corfo dio a conocer el resultado de la licitación realizada para el desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), un centro que se construirá en la Región de Antofagasta para impulsar la energía solar, la minería sustentable, el hidrógeno verde, materiales avanzados de litio y otros minerales, y que busca consolidarse en los próximos años como un centro de innovación y de referencia tecnológica a nivel mundial.
Sin embargo, el proceso ha suscitado críticas y cuestionamientos por parte de varios senadores de oposición junto a rectores de universidades chilenas y representantes de la Academia de Ciencias, quienes denunciaron en un punto de prensa las irregularidades que habrían existido durante la licitación, acusando falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, demoras en la resolución (que inicialmente debía haberse realizado en mayo de 2020), y que no se dio la posibilidad de exponer los proyectos ante un panel de expertos internacionales.
El proceso finalmente terminó con la adjudicación del proyecto al consorcio Associated Universities Inc. (AUI), conformado por 22 universidades de diferentes países (entre ellas, tres chilenas: las universidades Autónoma de Chile, del Desarrollo y San Sebastián), que se habría impuesto a la Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (Asdit), liderado por 11 universidades estatales y privadas de Chile (como la U. de Chile, la U. Católica, U. de Concepción, entre otras), Corporación Alta Ley, empresas mineras y energéticas con presencia en Chile y diversos centros de investigación.
En el punto de prensa, donde participaron los rectores Ignacio Sánchez, Carlos Saavedra, Darcy Fuenzalida, Ennio Vivaldi, entre otros, la máxima autoridad de la U. de Chile hizo un llamado a las autoridades a investigar la situación ya que «es demasiado extraño que el conjunto de las universidades chilenas no se vean consideradas como idóneas para poder llevar adelante un proyecto como este. Aquí está en juego no solamente la investigación pertinente en energías limpias, clave para el futuro del país, para el desarrollo medioambiental y energético, y para el rol que Chile podría tener en el contexto regional, sino que también la matriz productiva de Chile y la confianza con que las personas ven que el Estado no es capaz de convocar a una conversación donde decidamos lo mejor para el conjunto del país”, expresó.
El Rector Vivaldi también aseguró que con este tipo de decisiones se pone en entredicho “el modelo de sociedad que queremos construir y algo tan central como el futuro de la economía chilena, pero además hay un tema que invito a los parlamentarios a conversar, que es el prestigio de la política, la forma en que el Estado garantiza realmente que está pensando en el beneficio del país«.
Asimismo, el senador Guido Girardi planteó que la licitación denota falta de criterio para proyectar el desarrollo del país. “La mejor defensa es el conocimiento, y lo que se está haciendo es destruir la soberanía de Chile. El procedimiento adolece de transparencia y el daño que se está haciendo a la ciencia chilena es gravísimo”.
La senadora Yasna Provoste, por su parte, explicó que estas acusaciones se dan debido a que “no se conocen los resultados de las evaluaciones y las mejores universidades no fueron invitadas a exponer ante jurados internacionales. Además, tenemos ciertas dudas de quienes fueron elegidos como evaluadores nacionales. Ha habido una opacidad que genera una tremenda desconfianza (…) No deben ser permitidos estos espacios de opacidad ni conflictos de interés que terminan privilegiando a instituciones que, como bien se ha señalado, no tienen una trayectoria en materia de investigación y que se alejan del interés nacional”.
Finalmente, los parlamentarios anunciaron que se propondrá una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y una Sesión Especial en el Senado para abordar este tema y analizar las eventuales irregularidades del proceso.
Muriel Solano, prensa Uchile.