Durante estos meses de enclaustramiento masivo, paradójicamente, más que nunca, el espacio de lo público ha sido central para preservar el sentido de comunidad. Del mismo modo, ha cobrado un renovado sentido la importancia de contar con un Estado capaz de contener, acompañar y proyectar la vida de cada ciudadano y ciudadana de este país con un sentido de justicia social.
Si miramos en retrospectiva, los y las profesionales de salud, han sido objeto de elogios producto de la exigente tarea a la que se han visto abocados, pero al mismo se ha criticado las políticas de salud; poniendo foco en su precariedad y falta de herramientas para afrontar situaciones tan graves como las vividas durante este año.
Del mismo modo, las universidades han movilizado una parte importante de sus recursos para apoyar la tarea colectiva de controlar la expansión del virus. Matemática, ingeniería, salud pública, filosofía, sociología, psicología, pedagogía entre muchas otras, han sido disciplinas que se han puesto al servicio del interés público para afrontar las distintas aristas de la crisis sanitaria.
Se ha abierto así, una ventana de oportunidad para poner sobre la mesa la responsabilidad que tienen las universidades en la formación de profesionales e investigadores que actúen en sus respectivas trayectorias con un sentido de servicio al bien común, de que sus acciones y omisiones pueden contribuir enormemente al bienestar colectivo, así como también dañar o limitar la vida de muchas personas producto de una decisión que no ponga por delante la dignidad inherente de todos y todas. Esto, independiente si la científica o el profesional en cuestión se desempeñe en el sector público o privado, pues, bien lo sabemos, los efectos de nuestro trabajo no realizan tales distinciones.
¿Será necesario entonces que las universidades y la educación superior en general, se hagan cargo, explícitamente, de una educación para la ciudadanía de técnicos, profesionales y futuros investigadores/as?
La propuesta de la Ley de Universidades Estatales es que esto debe estar al centro del sello característico de sus egresados y egresadas. Se argumenta, en este sentido, que una universidad pública, por principio y sentido fundante, debe encarnar las preocupaciones más acuciantes de sus ciudadanos y ciudadanas, proponiendo desde sus propias fortalezas ideas y soluciones para una vida más justa y centrada en el bienestar de todos y todas.
La invitación, entonces, es a pensar y actuar como universidades estatales que se deben a las necesidades de su país, comenzando por introducir en la formación universitaria una educación para la ciudadanía, entendido esto como un aspecto crucial del sello formativo de lo estatal.
Luis Osandón Millavil[1]
Universidad de Chile
[1] Miembro de la Mesa Técnica de Formación Ciudadana en la Educación Superior, del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH).