El CUECH advirtió que los recortes de presupuesto propuestos por el Gobierno podrían afectar programas formativos, científicos y sociales de las universidades estatales. Tras el rechazo de la propuesta en la Subcomisión Mixta de Presupuestos, el organismo presentó medidas para recuperar recursos y garantizar la continuidad de sus funciones públicas.
La discusión del Presupuesto 2027 para la educación superior pública sumó un nuevo capítulo luego de que la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazara la propuesta del Ejecutivo para este sector. En la instancia, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) expuso los efectos de los recortes presupuestarios y planteó medidas para resguardar el financiamiento de las instituciones estatales.
La presentación se realizó luego de que el CUECH acordara una postura común en su directorio. Durante la sesión, el organismo advirtió que los ajustes presupuestarios amenazan la continuidad de programas formativos, científicos y de apoyo social que desarrollan las universidades públicas.
De acuerdo con el informe técnico presentado por el consorcio, los ajustes aplicados al Presupuesto 2026 y los recortes contemplados para 2027 suman una reducción de $102.553 millones para la educación superior. A esto se agrega una pérdida proyectada de $50.551 millones para el próximo año, debido a que el reajuste de 2,88% se encuentra por debajo de la inflación proyectada de 4,3%.
La rectora de la UMCE e integrante del directorio del CUECH, Solange Tenorio, cuestionó las consecuencias que estas medidas podrían tener para las instituciones estatales y el cumplimiento de sus funciones.
Cualquier lógica presupuestaria que precarice aún más a las universidades públicas. El Estado no puede renunciar a la responsabilidad con sus propias instituciones ni hipotecar su futuro, obligándolas a financiar el desarrollo mediante el endeudamiento o la postergación de sus funciones esenciales como son, además de la docencia, la investigación, innovación, vinculación con el medio y extensión.
Presupuesto 2027. Consorcio de Universidades Estatales de Chile.
Recortes que afectan a las universidades estatales
La situación resulta especialmente relevante al revisar las partidas destinadas a las 18 universidades que integran el CUECH. Según el informe presentado, el Programa de Fortalecimiento de Educación Superior Pública disminuiría $38.900 millones, equivalentes a un 10%, mientras que el Aporte Institucional a Universidades Estatales (AIUE) caería un 12,2% y el Plan de Fortalecimiento para las Universidades Estatales, un 34,8%.
A estos ajustes se suma la disminución del aporte por gratuidad, que implicaría que las instituciones públicas dejen de recibir aproximadamente $13.600 millones. El consorcio también alertó sobre los efectos que tendría la reducción de recursos para el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), que facilita la transición de estudiantes de establecimientos con mayores condiciones de vulnerabilidad hacia la educación superior, y la eliminación del Aporte para Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN).
Frente a este escenario, el CUECH sostuvo que los ajustes comprometen instrumentos necesarios para fortalecer la educación pública, apoyar a estudiantes y desarrollar iniciativas de investigación, extensión y vinculación con las comunidades.
Presupuesto 2027. Consorcio de Universidades Estatales de Chile.
Las medidas que propone el CUECH
Tras el rechazo de la propuesta presupuestaria en la subcomisión, el consorcio planteó cinco medidas para avanzar hacia un acuerdo durante la discusión legislativa.
Entre ellas, solicitó reponer $9.355 millones recortados del presupuesto base de 2026, correspondientes a recursos para el programa ADAIN, bonificaciones al retiro y el AIUE. También propuso revertir la rebaja de $24.234 millones en aportes basales y restituir el Fondo de Educación Superior Regional, equivalente a $10.569 millones, además de resguardar los recursos del programa PACE al menos en su valor reajustado.
El organismo también pidió elevar al 100% el porcentaje de uso de excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), establecer un mecanismo de reajuste que considere la inflación real, el reajuste del sector público y los efectos de la reforma previsional, y fijar un calendario de transferencias que entregue mayor certeza sobre la disponibilidad de los recursos para los proyectos institucionales.
La rectora Solange Tenorio sostuvo que las próximas semanas serán determinantes para corregir las reducciones propuestas y garantizar la continuidad de las funciones universitarias. En ese contexto, llamó al Gobierno y al Congreso a considerar el impacto de las decisiones presupuestarias sobre el desarrollo de las instituciones estatales.
Hacemos un llamado al Gobierno y a las y los parlamentarios a corregir este rumbo, reponer los aportes basales y garantizar transferencias oportunas y previsibles. Guardamos la esperanza de que quienes están a cargo del Estado comprendan que preservar a sus Universidades es un aporte al conocimiento, la creación, las ciencias y, en definitiva, al futuro de Chile.
El aporte de las universidades públicas al país
El CUECH recordó que las universidades estatales cumplen funciones que trascienden la formación profesional. Según los antecedentes presentados, el 87% de sus estudiantes proviene de establecimientos con subvención estatal y el 61% cursa estudios con gratuidad, cifras que reflejan su importancia para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.
Su presencia también resulta fundamental para el desarrollo regional. En Atacama, Magallanes y Aysén, las universidades estatales constituyen la única alternativa de formación universitaria presencial en sus respectivos territorios. Asimismo, concentran el 92% de la oferta universitaria en Arica y Parinacota y Tarapacá.
En investigación, las instituciones del Estado generan el 40% de la producción científica nacional y han formado a más del 40% de los médicos especialistas que ejercen en Chile.
Con estos antecedentes, el CUECH busca que la discusión del Presupuesto 2027 considere el aporte de las universidades estatales al desarrollo científico, educativo, social y territorial del país, y que el financiamiento permita sostener sus funciones públicas y responder a las necesidades de las comunidades.